Las aberraciones en política, como algo sin importancia

Las aberraciones en política, como algo sin importancia

Venimos observando el bochornoso espectáculo de que los parlamentarios españoles, casi todos, por no decir todos, entienden con frecuencia su importantísimo ministerio como la tarea de hacer o dejar de hacer lo que en cada momento conduzca con la mayor eficacia posible a incrementar el número de seguidores y votantes, sin que los problemas concretos a los que han de hacer frente en cada ocasión parezcan tener para ellos la menor importancia que, así, se tornan en simple ocasión para volcarse en la lucha por el poder.

El paradigma de las consecuencias de semejante vicio lo constituye últimamente el aquelarre de las votaciones necesarias para acordar la prórroga del estado de alarma con el que se viene haciendo frente a la pandemia, de tan severa importancia sanitaria y tan graves derivaciones socioeconómicas.

La cuestión tiene un ámbito muy reducido y sencillo: ¿es necesario o, al menos, conveniente, prorrogar el estado de alarma desde el punto de vista sanitario, que es la perspectiva básica desde la que ha de contemplarse el asunto?.

La respuesta debe ser fácil, dada la experiencia reciente. Parece que sí, a la vista de que venimos siguiendo un proceso favorable por efecto de las restricciones de contactos personales, lo que aconseja ir retornando a la normalidad de formas paulatina, con la máxima prudencia. No obstante, puede ser discutible pero, partiendo con la más elemental buena fe de que nuestro gobierno lo que desea es lo mejor para todos, pues otra cosa carecería de lógica y sentido, no parece que las posibles alternativas deban tener importancia para oponerse de forma severa a lo que los administradores sociales plantean. Por ello lo natural era esperar que el debate en torno a la prórroga de las medidas fuera algo a resolver prácticamente como de trámite.

Muy lejos de ello, se ha convertido en un repulsivo mercadeo en cuya virtud unos y otros se dedican a vender sus votos a cambio de unas u otras concesiones que no guardan relación alguna con el objeto de la discusión parlamentaria, que a todos interesa por igual. O en un modo de castigar al adversario político, negándole el apoyo que solicita por el bien de todos. Y los sectores más reaccionarios, que nada tienen que ofrecer a cambio, simplemente se instalan en decir machaconamente contra viento y contra marea que el país no se merece este gobierno, como si fueran ellos, perdedores de las elecciones, los llamados a determinarlo, y no el pueblo soberano, sobre cuyos votos justamente el gobierno se asienta, guste o no guste, o guste más o guste menos, acierte o se equivoque. O apelando a la debacle económica que se anuncia, como si esto no preocupara por igual a todos y estuviera estrechamente unido al otro aspecto, so pena de llegar, en el límite del absurdo, a una sociedad económicamente saneada pero sin habitantes para disfrutarla.

Tan grave es el efecto práctico de este proceder reprobable que se ha llegado a conseguir la prórroga con enormes dificultades, por muy poco. Justo es reconocer que con la ayuda del grupo político que se ubicaba tradicionalmente en el centro, aunque en las últimas elecciones sufriera un severo revés precisamente por efecto de abandonar, para plegarse incomprensiblemente a los sectores más retrógrados, su genuina vocación centrista, que tanto éxito le deparó en un tiempo récord y cuyo mantenimiento tanto beneficio hubiera reportado a nuestra sufrida sociedad.

Más no es ese ilícito mercadeo, inmoral y repulsivo, lo peor del asunto. Indigna que se viva y se presente como lo más natural del mundo, como algo sin importancia. Pues entonces, sin conciencia del problema, se hace muy difícil su solución.

Los políticos de España, que casi nunca han dado -en bloque, al margen de individualidades digna de respeto- ejemplo de nada, deberían plantearse seriamente como algo urgente, establecer unas reglas de comportamiento, más allá de las normas vigentes, acercándose a las más elementales pautas de la moralidad y de la decencia.

Si no lo hacen somos nosotros, los ciudadanos, quienes deberíamos obligarlos a realizarlo.

24.05.20

FERNANDO AGUILERA LUNA Abogado
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